El silencio administrativo del Fogasa

El pasado día 28 de mayo de 2020 entró en vigor el Real Decreto 19/2020, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social para paliar los efectos del Covid-19, entre las que se encuentra una nueva regulación del silencio administrativo del Fondo de Garantía Salarial, en el sentido de que si el citado organismo no dicta resolución expresa en el plazo de tres meses en los procedimientos de reconocimiento de pago de salarios e indemnizaciones, ha de entenderse que su silencio tiene carácter estimatorio.

De esta manera, se añade un nuevo apartado al artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la actuación del FOGASA, disponiendo lo siguiente:

  • Debe dictarse resolución en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud y ser notificada en el plazo de 10 días.
  • Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, puede entenderse estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con cargo al Fogasa.
  • Puede solicitarse, a efectos de prueba, un certificado acreditativo del silencio.
  • La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo sólo puede dictarse si es confirmatoria del reconocimiento de la obligación a favor de las personas legalmente beneficiarias.

Despido prohibido durante el coronavirus

Despido coronavirus

El pasado 28 de marzo de 2020 se publicaba en el BOE el Real Decreto 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral, para intentar minimizar los efectos derivados del “coronavirus”.

Desde el punto de vista laboral, se establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Esto quiere decir que la empresa no puede despedir a un trabajador alegando este tipo de causas.

Nuestra legislación laboral prevé dos tipos de despidos: el disciplinario y el basado en causas objetivas. Es éste último el que se ha “prohibido”. Sin embargo, el Real Decreto no establece la consecuencia de incumplir la norma y efectuar despidos objetivos.

Por ello, y salvo que en la decisión empresarial existan indicios de nulidad o discriminación, el despido conllevará la declaración de improcedencia e implicará por tanto, el abono de una indemnización superior a la prevista para los despidos objetivos (20 días por año de servicio).